REVISTA TRANSPORTE Y LOGÍSTICA - 17/07/2017  
El Gobierno pone en marcha un proyecto de 5.000 millones de euros destinado a las carreteras españolas.

El Gobierno pondrá en marcha un plan extraordinario de inversiones por valor de 5.000 millones de euros. Para no incrementar el déficit, Moncloa diseñó un mecanismo de colaboración público-privado con el que pretende crear cerca de 190.000 empleos.
 
El proyecto se ejecutará en más de 20 corredores y 2.000 km de carreteras nacionales durante un periodo que abarca los próximos cuatro años. Según el plan del Gobierno, explicando en rueda de prensa por Mariano Rajoy, las empresas constructoras asumirán el mantenimiento de las vías durante 30 años. Con esta fórmula se pretende sortear el problema de los Presupuestos Generales del Estado, que prohíben este tipo de inversiones extras -ya que sextuplica la capacidad de gasto aprobada-. Además, los planes contarán con financiación comunitaria.

"Nuestro país cuenta con un excepcional patrimonio en materia de infraestructuras", señaló Rajoy en el acto de presentación del Plan Extraordinario de Inversiones en Carreteras (PIC), al que también asistió el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna. El jefe del Ejecutivo recordó que España es un referente en alta velocidad ferroviaria y sus aeropuertos han marcado un nuevo récord de pasajeros. Además, aseguró que el Gobierno está impulsando la accesibilidad marítimo-terrestre, como muestran el Plan de Inversiones de Accesibilidad Terrestre Portuaria y la reforma del sector de la estiba. "Tenemos, en suma, unas magníficas infraestructuras y queremos seguir mejorándolas", declaró Rajoy.
 
Por lo tanto, el Gobierno pagará por disponibilidad, un sistema muy utilizado en Europa y por el que Estado paga solo la inversión efectuada por la empresa privada para construir la autovía o carretera y esta se encarga de mantenerla durante los años pactados. De este modo, el Ejecutivo hace un desembolso único y se asegura el buen estado de las carreteras, además de que los riesgos por infortunios, que suponen gastos extras, los asumen las concesionarias. Este tipo de contratos han aumentado en España considerablemente, suponiendo ya el 90% de las licitaciones públicas
 
Los detalles del plan no se conocerán hasta pasado el verano, pese a que el Gobierno ya lo anunció con gran gesto y solemnidad. Según Rajoy, todas las obras servirán para completar tramos de la red transeuropea de transporte que están pendientes, resolver cuellos de botella que presentan algunas vías, adaptar las autovías más antiguas a las nuevas exigencias y a asegurar la conservación de los proyectos. Hacía tiempo que el Ejecutivo no ponía sobre la mesa un plan tan ambicioso, con el que además de modernizar las infraestructuras españolas se creará empleo y se impulsará la actividad. De hecho, las previsiones de empleo que maneja Moncloa son bastante alegueñas, si bien todavía es pronto para saber si se cumplirán -ya que el proyecto definitivo se presentará después de agosto-. Todas las actuaciones planteadas pasaron o tendrán que pasar por un filtro previo para asegurar una rentabilidad mínima, así como una "estricta" evaluación de impacto ambiental.

El proyecto no solo se pagará con dinero estatal, sino también con europeo. El Plan contará con la garantía de la financiación europea en las mejores condiciones a través del Banco Europeo de Inversiones, una ventaja de financiación preferente a la que se une la posibilidad de que proyectos previstos en el PIC se acojan al Plan Juncker. "Las autoridades europeas han recibido la solicitud con muchos interés", aseguró el jefe del Ejecutivo.
 
Según datos aportados por Rajoy, inversiones y actuaciones se traducirán en un retorno fiscal de unos 3.000 millones de euros y las mejoras de la red viaria permitirán la reducción de seis millones de toneladas de dióxido de carbono (CO2) al año en un país como España, con 26.000 kilómetros de vías estatales y 16.281 de vías de alta capacidad, y en el que el 90 % del transporte de viajeros y el 93 % del de mercancías se hace por carretera.

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