DIARIO TRANSCAMION - 12/06/2026
El dinero de la formación.
Lío en Conpymes que obliga a salir a Villaescusa, Gil Panizo y a Fenadismer de la patronal representativa de las pymes.
El caso de la Formación no impartida, que se saldó con 13 detenidos entre ellos Gil Panizo aflora de nuevo.
Julio Villascusa presidente de honor y Juan José Gil secretario general de Conpymes, habrían sido obligados a salir de Compymes, al parecer dimitieron a principios de año forzados al parecer por el presidente actual, dentro de una guerra total entre asociaciones de pymes. Con ello sale Fenadismer fundadora de Conpymes. Con otras asociaciones, al parecer han impugnado la asamblea.
Esto dentro del conflicto enorme en el seno de Conpymes donde se quiso echar a su presidente José Mario Torres. Todo esto viene de una reestructuración interna de la patronal que recientemente ha logrado en el Supremo ser reconocida para entrar en el Consejo Estatal de la Pyme frente a los recursos de CEOE y CEPYME.
Todo esto se centra en la batalla por la representación de la pequeña y mediana empresa en España, donde al parecer CEPYME, que es parte de CEOE, se hallaba sobre representada en los organismos estatales que son el origen de enormes subvenciones millonarias a estas patronales. Con sólo decir que la catalana PIMEC facturó 26 millones de euros el año pasado, lo que da una idea de las subvenciones que se juegan.
En este mundo de estas patronales se han cruzado enormes acusaciones sobre el presunto mal uso de las subvenciones y aparecen imputados en diversos procesos, no sólo la secretaria general de UATAE, sino, como se sabe, el secretario general de FENADISMER por el caso de las subvenciones a laTeleformación. La asamblea más o menos constituyente de CONPYMES el 26 de marzo de este año obligó a la salida de todos estos cargos de una nueva junta directiva.
Por lo publicado en prensa, Pimec, Fenadismer, y UATAE han impugnado esa asamblea de Conpymes,y esto se halla al parecer en los tribunales. Mientras tanto, José María Torres ejerce de presidente y el resto de organizaciones enfrentadas han tomado medidas, por ejemplo como Pimec cesándolo, la guerra es total.
Juan Jose Gil fue imputado y detenido en el años 2014 en el caso presunto de Teleformacion, que al parecer ha aflorado ahora en la guerra asociativa, por que podría estar cercana la vista por el caso. Recordar que en aquel entonces la prensa como Rtve, se hicieron eco del caso, diciendo que" La Policía considera que los detenidos por defraudar hasta 4,5 millones de euros en cursos de formación....Las ayudas fueron solicitadas a través de la federación de cooperativas para impartir tres cursos de teleformación a 10.761 alumnos, pero un muestreo aleatorio reveló que ninguno había hecho el curso y que además la federación de cooperativas habría transferido importes millonarios, con la intención de blanquearlos, a través de un entramado de, al menos, cuatro sociedades mercantiles....Según ha informado la Dirección General de la Policía, los delitos que se imputan a los 13 arrestados (10 en Madrid y 3 en Córdoba), uno de los cuales ha sido puesto en libertad tras declarar ante la Policía, son blanqueo de capitales, falsedad documental, estafa, asociación ilícita y un delito contra las subvenciones".
Según el País, " Ni había cursos ni había alumnos. La investigación policial sobre la presunta trama de los fondos para la formación ha concluido que los 10.671 primeros alumnos investigados no habían realizado las acciones formativas en las que estaban apuntados. Los agentes hicieron entrevistas a un muestreo aleatorio de cientos de inscritos en tres expedientes de la federación de transportes Ucotrans, sin encontrar una sola persona que hubiera hecho esos cursos..Empleo señaló este jueves que el fraude detectado en esta investigación se eleva a 4,5 millones de euros de fondos estatales. A este dinero se suman otros 4,4 millones de fondos regionales —supuestamente estafados a una treintena de asociaciones empresariales madrileñas y cuyo destino es fruto de otra investigación en el juzgado de Instrucción número 9— y otros 6,5 más de subvenciones nacionales. Sinergia Empresarial y Aneri aparecen como intermediarios en al menos otra decena de expedientes gestionados a través de la Fundación Tripartita, el organismo dependiente de Empleo en el que participan los sindicatos, la patronal y la Administración. La suma supera los 15 millones de euros con expedientes estatales y regionales de los años 2010 y 2011, aunque las empresas de Aneri tienen contratos con la Comunidad de Madrid al menos desde 2009.
En 2010, Ucotrans traspasó 2,1 millones a Sinergia Empresaria y 954.278 euros a otras sociedades mercantiles. La policía considera que el dinero se blanqueó a través de cuatro sociedades mercantiles (Navukasoft, Servicios Reunidos de Publicaciones, Pinturas y Tarimas Vicmar y Alianza Irena España), según fuentes policiales citadas por la agencia Efe. Las cuentas bancarias de las cuatro sociedades pertenecen a una misma sucursal de CajaMadrid."
Todavía no hay sentencia ni vista oral sobre este asunto y debe prevalecer la presunción de inocencia.
UATAE una asociación de autónomos de la órbita de CCOO, y Pimec la patronal catalana fueron acusados por la fiscalía según el País, "..un delito de fraude en el cobro de subvenciones y otro de falsedad documental, ...De acuerdo con la documentación aportada por la Dirección General de Trabajo Autónomo, organismo dependiente del Ministerio de Trabajo, ambas organizaciones habrían actuado de manera conjunta para obtener un importe superior al que les correspondía por su condición de organizaciones representativas del colectivo de trabajadores por cuenta ajena, y de pequeñas y medianas empresas, respectivamente...dos años más tarde, en 2023, la Federación de Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA) presentó un escrito ante la Dirección General del Trabajo Autónomo en el que advertía de la existencia de irregularidades en la concesión de esta subvención...Fuentes de UATAE reconocen que en el momento en que tuvieron conocimiento de esta investigación, y bajo la premisa de que lo único que se podría haber producido es un “error administrativo” y no un delito, devolvieron la parte correspondiente al exceso reclamado por ATA (133.000 euros), con un 25% de intereses. ".
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