REVISTA TRANSPORTE Y LOGÍSTICA - 26/06/2017
Fenadismer detectó que la trasposición de la directiva de trabajadores desplazados tenía trampa.

Simancas critica la misma que se tramitará como proyecto de Ley.

Se había metido como decreto ley.


"Ni teniendo todo a favor hacen las cosas bien, señor ministro", aseguraba con sorna Rafael Simancas. El diputado socialista reprochaba así al Gobierno, representando en ese momento por el ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, Alfonso Dastis, la mala transposición de la directiva de trabajadores desplazados a la legislación española, lo que a su juicio convierte la directiva en España en "papel mojado".

"Este Gobierno se merece un gran reproche debido a la manera que han transpuesto a la legislación española la Directiva que regula el desplazamiento de trabajadores europeos", explicaba Simancas, quien anteriormente había bromeado con que Dastis es, debido al poco tiempo que lleva en el cargo, un ministro "novato y pardillo". "Han convertido la trasposición en algo inútil", le espetó.

Para Simancas, los objetivos del nuevo paquete son "irreprochables" ya que "facilita los servicios entre actores de diferentes países europeos, evita la competencia desleal entre empresas y asegura el cumplimiento de las condiciones de empleo aplicables al país donde se vaya a prestar el servicio". "Se trata de evitar la deslocalización empresarial, el fraude fiscal y el dumping laboral", aseguró Simancas.

Según explicó el diputado, la normativa obliga a las empresas a que informen sobre sus trabajadores, quiénes son, dónde trabajan, qué van a hacer y en qué condiciones. Sin embargo, el Gobierno se olvidó de suprimir una salvedad, la de comunicar el desplazamiento de los trabajadores a aquellas empresas que hacen servicios con duración inferior a ocho días. Lo que excluye a las de transporte.

"El Gobierno ha hecho de esta transposición en papel mojado, algo inútil para gran parte de los trabajadores y las empresas afectadas ya que el Gobierno olvidó a suprimir una salvedad, la excepción que exonera de comunicar el desplazamiento de los trabajadores a aquellas empresas que hacen servicios con duración inferior a ocho días", explicó Simancas. 

"Esto quiere decir que las empresas que traigan a trabajadores para realizar servicios de menos de ocho días no están obligadas a cumplir con esto. No tienen que comunicar nada, ni informar de nada, ni probar nada. Este olvido hace la directiva inútil".

"Miles de servicios que se van a escapar por este agujero, por ejemplo, ya que en el transporte entre países de la Unión Europea requieren servicios de menos de ocho días", explicó Simancas, lo que afecta a 28.000 empresas españolas con autorización para transporte internacional y más de 120.000 trabajadores", aseguró el diputado.

Para ilustrarlo, el socialista explicó que, durante los últimos cinco años, las matrículas rumanas han pasado de transportar 9 millones de toneladas en España a casi 200 millones de toneladas. "Esto se debe a que un conductor rumano cobra la cuarta parte que un conductor español, y un búlgaro, la sexta parte. Con esta chapuza están ustedes condenando a miles de empresas españolas a la competencia desleal y a miles de trabajadores a la precariedad y a la explotación laboral", sentenció.

Por este motivo, Simancas anunció que el PSOE votará a favor de la Directiva, aunque lo harán como proyecto de Ley para poder realizar modificaciones.

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