REVISTA TRANSPORTE Y LOGÍSTICA - 04/07/2014 
Francia protege a sus transportistas y España no.


Ideas para ayudar a los que crean empleo aquí.

 
Con las multas del cabotaje se está viendo claramente cómo actúa Francia con sus transportistas. Éstos se quejaron hace un año de la invasión del cabotaje de los transportistas españoles. A los seis meses ya habían mandado una circular. Y a los cinco, ya están poniendo multas y verificando si hacemos correctamente el cabotaje. Lo siguiente será endurecer aún más la normativa para que no valga con exhibir un CMR, o dos o tres, para eludir el control.

Pero aún hay más. Los transportistas franceses, para ayudarles a competir con los transportistas de otros países, tienen lo que se llama el CICE, Crédito Impositivo por la Competititividad y el Empleo. Que es una compensación por los impuestos del empleo que llega a un 4% de la masa salarial. Es decir, que los transportistas franceses que operan desde suelo francés tienen una ventaja salarial a su favor, reciben una devolución del 4% de su gasto en personal.

Hay que darse cuenta, además, de que el factor mano de obra es el único con el cual las empresas de transporte pueden competir. Ya que el coste en camiones y el coste de combustible varían muy poco de una operativa a otra. Lo que se puede conseguir comprando más o menos gasoil son céntimos. Y en los camiones, a partir de comprar diez o veinte camiones en bloque, las diferencias son también de unos centenares de euros al mes solamente.

Así las cosas, las grandes diferencias se hallan en la mano de obra y en la disponibilidad de ésta a la hora de trabajar.

Esa es la gran diferencia de competencia entre unas empresas de transporte y otras, entre los convenios colectivos de unas provincias en España y otros (que pueden pasar de costar uno a costar dos, es decir el doble, dependiendo de que sea de una provincia del Sur de España o de Guipúzcoa), y también entre distintos países europeos.

Bien, pues las autoridades francesas subvencionan a sus transportistas por crear empleo en suelo galo y mantener allí una fuerza laboral. Algo de lo que aquí ni se ha oído hablar, cuando se lleva además tiempo prometiendo que se van a bajar las cotizaciones sociales y no se hace.

La diferencia es que aquí las asociaciones, en vez de intentar que se legisle para todos, intentan que se legisle para unos pocos.

Como recordábamos hace poco, en la década de los 90 unos transportistas consiguieron que el Gobierno introdujese una deducción por inversiones en medio ambiente. Aquella deducción, a costa de beneficios, reportó ingentes cantidades de dinero ahorrado a los transportistas. Fue un ejemplo de altruismo y dedicación por aquellos que quisieron negociar algo que era bueno para todos. Algo que claramente no ocurre hoy.


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Una muestra más de lo serios que se están poniendo los franceses con el cabotaje es que están multando a transportistas españoles por hacer más de las tres descargas cada vez que se entra con un transporte internacional en Francia.

Las multas oscilan entre los 2.000 y los 1.200 euros, dependiendo un poco del ánimo del gendarme en cuestión. Las multas derivan de una interpretación particular de la gendarmería francesa en cuanto a lo que son servicios de cabotaje.

Recordemos que en diciembre el ministerio de transporte francés lanzó una contundente circular a sus fuerzas de policía y de gendarmería para que extremasen los controles sobre el cabotaje y lo que ellos llaman competencia desleal.

Esta competencia desleal, entendida por Francia, es la de realizar más de tres servicios de cabotaje después de haber realizado un transporte internacional con llegada a Francia.

Se da la circunstancia que la gendarmería francesa está interpretando que las descargas sucesivas de mercancía en varios destinos, producto de la orden de trabajo de un cliente, son servicios de cabotaje independientes.

Para la gendarmería francesa descargar tres turismos sucesivamente en tres concesionarios son ya tres servicios de cabotaje aunque no hubiesen sido descargados todos los del camión, todos los turismos del trailer en cuestión. Esto está cosechando multas de 1.200 a 2.000 euros. Esto mismo está ocurriendo con algunos servicios de cabotaje de transporte frigorífico, donde se da una circunstancia similar que es la de varias descargas o recogidas de pallets en destinos diferentes.

La duda surge si cuando las descargas o las recogidas son producto de una sola orden de trabajo, si esta interpretación restrictiva de la gendarmería francesa es legal y las multas, lícitas.

Ante la inacción de sus asociaciones, alguno de ellos miembro de sus juntas, los transportistas concernidos han reclamado en algún caso la interpretación legal de bufetes de abogados franceses para aclarar si esta interpretación de la norma del cabotaje es correcta.

En principio parecería que es una interpretación demasiado restrictiva, ya que tres descargas de un trailer de una sola orden de trabajo de un camión que procede de un servicio de transporte internacional no deberían de ser interpretadas como servicio de cabotaje interior. Otra cosa es que las tres descargas sean producto de tres órdenes de trabajo diferentes para tres clientes diferentes y aun así la interpretación podría ser que ésos son tres servicios de transporte internacional desde el exterior a tres localizaciones internas en Francia que no -en sí mismos- servicios de cabotaje interiores en Francia.

En cualquier caso estas multas revelan la firme decisión de Francia de limitar el cabotaje por todos los medios a su alcance, una actitud muy peligrosa y dañina para el transporte internacional español.

La interpretación que quiere darle Francia al cabotaje (fuera y al margen de que sea legal o no) va claramente contra el espíritu de la libre circulación de bienes, mercancías y personas que es la base de la Unión Europea. De hecho el cabotaje iba a ser liberalizado aún más el año pasado pero la presión francesa sobre la Comisión Europea y sobre el comisario de Transporte, Siim Kallas, logró que se detuviese esta liberalización. Lo que no quita para ser de todas formas una contravención de las más mínimas normas de convivencia dentro de la Unión Europea.

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