REVISTA TRANSPORTE Y LOGÍSTICA - 23/06/2017 
Frente común de la oposición para que las empresas extranjeras declaren en España sus movimientos desde el día 1.
El Congreso acuerda mejorar el control de las empresas deslocalizadas, salvo el PP.
Simancas: "Las empresas con matricula rumana en España han pasado de transportar 9 a 200 millones de toneladas".
El pasado mayo el Gobierno aprobó el Real Decreto-Ley 9/2017, de 26 de mayo, por el que transpone al ordenamiento español la Directiva europea sobre trabajadores desplazados, que regula la obligación para las empresas extranjeras que desplacen trabajadores a España de cumplir las condiciones laborales y salariales establecidas en nuestro país.
Dicha normativa cobra especial relevancia en el sector del transporte por carretera, ya que es la regulación que han utilizado los restantes países europeos occidentales para luchar contra la competencia desleal que, como España, sufren las empresas de transporte de dichos países por parte de empresas de transporte deslocalizadas en países fundamentalmente del Este de Europa, con costes fiscales y laborales hasta ocho veces inferiores a los establecidos en nuestro país.
Ello ha supuesto que en la actualidad más de una cuarta parte del transporte internacional con origen o destino en nuestro país se esté realizando con vehículos de transporte matriculados en dichos países, como consecuencia del proceso de deslocalización llevado a cabo por grandes empresarios españoles, a fin de competir de forma abusiva en nuestro país con menores costes de explotación.
Sin embargo, como advirtió Fenadismer tras la aprobación del Real Decreto-Ley de trabajadores desplazados, la transposición de la Directiva europea llevada a cabo por el Gobierno mediante el citado Real Decreto-Ley no permitía controlar adecuadamente a dichas empresas de transporte deslocalizadas.
Al eximirles de la obligación de notificar sus desplazamientos a nuestro país “si la duración del viaje era inferior a ocho días”, lo que en la práctica dejaba fuera de control todos los servicios de transporte tanto de ámbito nacional (cabotaje) como de ámbito internacional llevados a cabo por empresas extranjeras en España, con lo que de este modo se perpetuaba al mercado español de transporte como un auténtico “paraíso” para las empresas deslocalizadas, las cuales podrían continuar su actividad de forma absolutamente desleal, pero sin que pudiera ejercerse control legal alguno sobre las mismas.
En consonancia con la posición defendida por Fenadismer, durante la tramitación parlamentaria de la convalidación del Decreto-Ley llevada a cabo este jueves 22 de Junio en el Congreso de los Diputados, la práctica totalidad de los Grupos Parlamentarios (PSOE, Podemos, Ciudadanos, PNV y Grupo Mixto) han valorado negativamente la transposición de la Directiva europea de trabajadores desplazados llevada a cabo por el Gobierno, ya que la regulación aprobada no permite combatir adecuadamente la situación de dumping social y competencia desleal que sufre el sector español del transporte por carretera.
Tras el debate, el Congreso ha aprobado su tramitación como Proyecto de Ley para permitir introducir enmiendas al mismo, lo que permitirá mejorar el control de las empresas deslocalizadas que operan en nuestro país y que amenazan la supervivencia del actual tejido empresarial español, conformado por más de 103.000 empresas transportistas, principalmente pymes, que dan empleo a más de medio millón de trabajadores.
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