REVISTA TRANSPORTE Y LOGÍSTICA - 01/03/2017
Transconval, asociación de transportistas del puerto de Valencia, se opone a la regulación del transporte en camión.

Transconval ha informado sobre los pliegos de condiciones particulares para el desarrollo de la actividad de transporte terrestre por carretera en el puerto de Valencia.

Así señalan que:

Tras la decisión del director general de la Autoridad Portuaria de Valencia de la entrada en vigor el día 1 de eneros de 2017 del pliego de condiciones particulares para el desarrollo de la actividad del transporte terrestre por carretera en el puerto de Valencia, y en consecuencia, de las empresas o personas físicas que se encuentren desarrollando dicha actividad, tendrán tres meses para solicitar dicha autorización, tenemos el deber de informar que:

Transconval ha procedido a enviar escritos al presidente de Puertos del Estado y al presidente de la AP de Valencia recordando que esta asociación procedió en su momento a interponer un recursos contencioso administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valencia, Sección Quinta, con el número de procedimiento ordinario 588/2015 contra dichos pliegos, y que la puesta en marcha, sin que se haya resuelto definitivamente su legalidad y pertenencia por los Tribunales, puede conllevar, en caso de que se estime nuestra demanda, a unos graves perjuicios materiales, inmateriales o económicos, tanto a las personas o empresas afectadas como a esa Autoridad Portuaria.

Las causas que motivaron y motivan a Transconval a suplicar justicia contra la pretensión de la AP de regular la actividad del transporte terrestre en el puerto de Valencia fueron:

- Que la prestación del servicio comercial es aquella actividad que pudiendo ser realizado por una AP, esta la regula para que sea realizada por las empresas privadas en régimen de concurrencia. Y es obvio que la actividad del transporte terrestre no es una de las competencias o servicios a prestar por una Autoridad Portuaria.

- En la falta de motivación y fundamentación de lo que pretende, en este caso no existe ningún razonamiento confesable para la creación del transporte terrestre como servicio comercial.

- Desigualdad de trato con respecto a otros modos de transporte entendiéndose que si el transporte terrestre tiene que ser regulado como servicio comercial, también deberían serlo el transporte marítimo y el transporte ferroviario.

- El ámbito territorial: "Es el comprendido dentro de los límites de la zona de servicio del puerto y los espacios afectados al servicio de señalización marítima cilla gestión se les asigne".

- Duplicidad documental por entender que la AP pretende hacer las funciones que por norma le corresponden a otros organismos públicos, donde se encuentran ya habilitados los transportistas y toda la documentación que nos pidieron para tener la autorización de transportista.

- El entorpecer la competencia entre empresas que tengan la autorización genérica y las restantes autorizaciones, ya que no es necesario por ley llevar en el vehículo las escrituras de constitución de la empresa, el DNI del representante de la empresa, así como sus poderes notariales y la no presentación de dicha documentación a su llegada al puerto podría ocasionar su prohibición de entrada en el recinto portuario.

- La potestad que la Autoridad Portuaria asume, arrogándose funciones que por ley no tiene, y que corresponden a otros organismos públicos, como es el supuesto de extinguir la autorización o prohibir la entrada.

- Y por último, como ya decíamos al principio de este escrito y nuestra súplica a la justicia, lo hacemos al amparo de la ley del propio informa de la Comisión Nacional de la Competencia, del 11 de septiembre de 2013, donde indicó la existencia de alguna duda en relación con la necesidad y proporcionalidad del propio régimen de autorización, así como de la excesiva discrecionalidad para la extinción de la autorización.


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